Aumentar la resiliencia territorial mediante la gestión de riesgo de desastres y la educación ambiental

Anne Fornier

Humanista, geógrafa y vulcanóloga, involucrada en temas de resiliencia en tierras volcánicas. Máster de Investigación en Geografía Física y Análisis de Riesgos Volcánicos bajo la dirección de Gérard Mottet, Director del Laboratorio de Geografía Física de la Universidad Jean-Moulin Lyon III y bajo la dirección del climatólogo Marcel Leroux, Director del Laboratorio de Climatología, Riesgos y Medio Ambiente, Teoría sobre la Dinámica del Tiempo y del Clima, AMP, Universidad Jean-Moulin Lyon III. Es Fundadora de la Volcano Active Foundation, una fundación internacional sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es apoyar la investigación científica, el desarrollo y la difusión de resultados sobre la actividad de los volcanes y sus riesgos a escala mundial, la mitigación de los riesgos volcánicos y el apoyo al aumento de su conocimiento a través de proyectos sociales. anne.fornier@volcanofoundation.org


“En muchos casos, el miedo y la confusión del momento no permiten a la persona tomar la mejor decisión para actuar en consecuencia y proteger su vida y la de su familia”

Desde hace varios años, los procesos de conflicto y degradación ambiental se han convertido en un componente político. La ecología alimenta los modelos de transformación del desarrollo, ya sea a corto, medio o largo plazo. Hoy, la constatación es sencilla: estamos viviendo una gran crisis ecológica. En 2015 se firmó un objetivo internacional bajo el nombre de Acuerdo de París para limitar el impacto del dióxido de carbono. Se habla de mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. 

Sin embargo, las cuestiones políticas relativas al medio ambiente se tratan de forma conceptual.  En otras palabras, seguimos en una conversación global para entender los problemas entre el hombre y su entorno. Hablamos de globalización, de crisis global, de impactos globales. Por otro lado, los estragos socioeconómicos de la mala gestión del suelo, la subida del nivel del mar, el deshielo de los glaciares y la ruptura de los hielos de los ríos tienen un impacto local y regional antes de decir que son “globales“.

La gran diversidad y variedad de posturas analíticas que confluyen en el campo de la ecología complican la eficacia de la metodología y la gestión operativa.

La crisis de Covid-19 ha afectado directamente a la industria de los combustibles fósiles y, según un informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), las energías renovables se han hecho con una cuota dominante del mercado de la generación al alcanzar su punto máximo. Los gobiernos tienen la oportunidad de dar prioridad a las energías “limpias” en sus planes de recuperación económica tras el periodo frío de 19 años para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.

Se sea o no hostil a la transición ecológica, el hecho es que el impacto de una pandemia muestra los límites de nuestra resiliencia social y económica, nuestra capacidad de adaptación y recuperación.  La responsabilidad de nuestros gobiernos sobre nuestra recuperación y nuestro tiempo de exposición al/los riesgo(s) interactúa directamente con nuestro futuro socioeconómico. La ecología no es una limitación, sino una respuesta para optimizar nuestra resistencia territorial. 

Entre los muchos retos que plantea la responsabilidad medioambiental internacional stricto sensu, se encuentran los problemas en caso de conflicto armado, la complejidad geopolítica, para mantener esta gran cuestión ecológica común a todos y sin fronteras. Esta responsabilidad primordial debe venir de arriba, del estado, de los estados, para asegurar una dirección general común.

Una vez definidas las principales directrices estatales e internacionales, como la optimización energética, la ordenación del territorio que favorezca la llamada movilidad “verde” o de carbono cero, el reciclaje de nuestras materias primas y el favorecimiento de la economía circular, corresponde a los territorios asumir su responsabilidad.  Los cuatro pilares son: la responsabilidad, la protección, el compromiso y la coherencia de las acciones.

La importancia de las dimensiones subjetivas del riesgo y la noción de ecología hacen que el proceso de gestión deba ser necesariamente participativo.  La creación de una convención local de ciudadanos es esencial para encontrar soluciones concretas de emisiones de residuos cero, movilidad adaptada, entre otras. La inspiración para la acción, la opción para la acción sostenible, reside en la participación de los actores locales y comunitarios.

No podemos tener un desarrollo sostenible si no reducimos el riesgo de catástrofes a nivel local : No hay desarrollo sostenible y las pérdidas humanas y económicas son inconmensurables. La integración de la planificación de la gestión del riesgo de catástrofes y el cambio climático son totalmente convergentes. Ambos enfoques encajan en la estrategia de resiliencia al cambio climático. Las últimas inundaciones mundiales han tenido un impacto directo en la vida local, el declive de los ecosistemas, la fragilidad de los suelos, la contaminación del agua, las pérdidas económicas, la perturbación de la movilidad, entre otros. Una política de reducción de riesgos limita las pérdidas humanas y económicas y mitiga los impactos del cambio climático trabajando en los factores de vulnerabilidad. Trabajamos en la resiliencia, en la permeabilidad del suelo, en la distribución de los escombros, en las pendientes de los ramales secundarios de un río, en la posición de los puentes para evitar las inundaciones. Por lo tanto, minimizamos las variaciones de los impactos climáticos.

En conclusión

El intercambio de conocimientos es una obligación para lograr avances concretos y rápidos en temas bien definidos.  El desastre es el resultado de nuestra mala gestión, de nuestra falta de preparación ante una amenaza. Esta amenaza puede ser natural, como una inundación, un tornado, un terremoto, una erupción volcánica, o de origen humano, como una fuga radiactiva, una fuga de gas químico, entre otras, por lo tanto, la estrategia de reducción del riesgo de catástrofes tiene un impacto directo sobre el cambio climático y la preservación de los ecosistemas.

Por lo tanto, la educación debe entenderse como transmisora de valores éticos, lo que constituye un requisito previo para un cambio sostenible de actitudes. La ecología es intrínsecamente multidisciplinar, ya que los ecosistemas vinculan el mundo vivo y el no vivo, en este sentido, la ecología no sólo tiene sus raíces en la biología, sino también en la geología, la química atmosférica, la termodinámica y otras ramas de la ciencia y la geociencia. En cuanto a la ecología humana, hay que incluir la agricultura, la economía, el diseño industrial y la política. La educación para la sostenibilidad significa enseñar ecología de forma multidisciplinar y sistémica.

Tenemos que estar atentos a la actividad volcánica, por ejemplo.  Aquí entra en juego el principio de precaución y la identificación del impacto económico.  Los aerosoles y las partículas que se inyectan en la estratosfera durante las erupciones volcánicas dispersan la radiación solar entrante, provocan un rápido enfriamiento de la atmósfera que se traduce en una reducción de las precipitaciones, así como una menor expansión térmica de las aguas y otros cambios como el “invierno volcánico”. El impacto económico en el tráfico aéreo, los posibles problemas con las conexiones por satélite y otras cuestiones están directamente relacionadas con el principio de precaución.

Se estima que el número de volcanes bajo la capa de hielo de la Antártida es tres veces mayor de lo que se pensaba. Todavía activo, este vulcanismo se concentra en torno a una compleja falla entre dos partes geológicamente diferentes del continente. El funcionamiento y las consecuencias futuras de este sistema recién descubierto siguen siendo en gran medida desconocidos hasta la fecha.

Finalmente, tras la crisis del covid-19, se plantean las cuestiones de la responsabilidad del Estado, de su deber de protección (en sentido amplio, de los ecosistemas socioeconómicos, de la biodiversidad, entre otros), de su compromiso y de la coherencia de las acciones para un desarrollo futuro y sostenible.  Hay soluciones para todos los problemas.  Se plantea la cuestión de nuestra capacidad para poner en práctica las palabras. 

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